En lo que va del presente año, hay 289 casos de corrupción en manos
del Ministerio Público. Incluye denuncias por obras de rehabilitación.
Decano de abogados dice que Piura ocupa el puesto 9 de corrupción en el
país.
Los niveles de corrupción en el Perú parecen haber superado los
límites y Piura no es ajena a este problema que se sigue manteniendo a
lo largo de la historia.
De acuerdo a información del Ministerio Público de Piura brindada a
este diario, en este año, desde enero a junio han ingresado 289 casos
nuevos de delitos que involucran a funcionarios públicos.
El presidente de la Junta de Fiscales de Piura, Guillermo Castañeda,
sostuvo que la estadística también recoge las denuncias hechas por los
procesos de reconstrucción.
La data también indica que es la Fiscalía Provincial Corporativa
Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piuraa donde
mayores casos han ingresado, siendo 95. Le sigue la Fiscalía Provincial
Penal Corporativa de Piura con 34. (ver recuadro).
Cabe resaltar que de enero a junio del 2017 los casos ingresados fueron 335.
Cifras alarmantes
Al comparar las cifras del 2017 y 2018, se visualiza que las
denuncias ingresadas son menores; sin embargo la data sigue siendo alta.
Ante ello, el decano del Colegio de Abogados de Piura, Manuel
Castillo Venegas, opinó que la estadística evidencia que la corrupción
sigue enquistada en la administración pública.
"Empezar los primeros meses del año con esa cantidad es una
cifra alarmante y que no debemos sentirnos contentos de haber bajado
unos casos porque la sensación que se tiene es que hechos concretos no
hay […] La población sigue sintiendo que persiste la corrupción”, refirió Castillo Venegas.
Las causas de la corrupción
De acuerdo con el sistema de análisis desarrollado por Robert Klitgaard,
puede esperarse que la corrupción aumente con el grado de ineficiencia
en el cual se desarrolla la actividad de las instituciones, con la
discrecionalidad de los funcionarios, con el grado de monopolio sobre
los servicios que prestan, con los ingresos que pueden obtenerse en las
actividades corruptas, con una baja probabilidad de ser descubierto, con
unos bajos castigos para las actividades corruptas y con una baja
sanción social sobre los individuos corruptos.
INEFICIENCIA
Esta es, probablemente, la causa más importante de la corrupción. La ineficiencia reduce la calidad del servicio que las entidades prestan al público y, por consiguiente, crea estímulos tanto para que cliente ofrezca dinero a cambio de la obtención del servicio como para que el funcionario se involucre en este tipo de transacciones. La ineficiencia está asociada a la carencia o el pobre funcionamiento de los sistemas de planeación y control, lo que hace difícil diferenciar los efectos de las acciones corruptas, establecer las responsabilidades y aplicar los castigos.
MALA CALIDAD DEL CONTROL
De acuerdo con lo visto anteriormente, la corrupción aumenta cuanto menores sean tanto la probabilidad de que el agente corrupto sea descubierto, como la fuerza del castigo cuando se aplica. En ambos casos la evaluación de la situación colombiana es poco favorable.
Los mecanismos de control de los resultados dc la gestión pública én Colombia son de baja calidad, tanto en lo que se refiere al control puramente administrativo e interno de las instituciones, como al castigo penal a cargo de agentes externos (por ejemplo, el sistema judicial) .
El control administrativo que debería ser llevado a cabo por cada entidad individual no es efectivo por varias razones. En primer término, como ya se mencionó, las entidades frecuentemente no tienen claridad sobre sus propios objetivos, los empleados no conocen tales objetivos adecuadamente y es imposible contar con este punto de referencia fundamental para la evaluación de resultados.
Aparte de esta falla esencial, los procedimientos de control que existen no se cumplen. Existen mecanismos legales creados para llevar a los empleados a responder por sus responsabilidades, pero su efectividad es muy baja.
En la teoría y en la letra de las leyes, la responsabilidad de los funcionarios puede manifestarse en cuatro tipos de consecuencias: civiles, disciplinarias, penales y políticas. Sin embargo, estas consecuencias no llegan a verificarse en la práctica por diversos motivos.
DISCRECIONALIDAD
Los temas de la operación de los mecanismos de control en Colombia y la discrecionalidad de los funcionarios públicos en el cumplimiento de sus funciones están estrechamente ligados.
Como se mencionó, los sistemas de control se basaron en el pasado en el principio del control previo (la expedición de la Constitución de 1991 podría ser señalada como el momento del cambio hacia un nuevo esquema de control posterior). En los hechos, el control previo terminó por convertirse en una talanquera para la eficacia de la administración y en una fuente de corrupción.
MONOPOLIOS DEL ESTADO
El Estado opera como proveedor monopólico de
muchos de los servicios que presta en la sociedad colombiana. Estos
monopolios permiten que existan entidades que funcionan durante largos
períodos con bajos grados de eficiencia v elevados índices de
corrupción, sin que el público pueda rechazarlas absteniéndose de
comprar sus servicios. Se debe destacar que la existencia de monopolio,
público o privado, se presta para la ocurrencia de corrupción. A la
inversa, la introducción de competencia en la prestación de servicios, a
través de unidades públicas o privadas, diluye las posibilidades de
corrupción.
Consecuencias
1. La destrucción de los organismos de control
Cuando
un funcionario no está bien controlado por la institución, se corrompe
fácilmente, porque tiene el camino libre para obtener un montón de beneficios con la tranquilidad de saberse impune.
Por eso, una vez que se afirman en sus cargos, los funcionarios corruptos harán lo posible por eliminar todos los controles que puedan poner límites a su acción.
En
primer lugar, oficinas, fiscalías y auditorías dedicadas a investigar
la corrupción serán poco a poco eliminadas o descabezadas.
En segundo lugar, tarde o temprano un estado de esas características terminará con un enfrentamiento entre el poder ejecutivo y la justicia, que es la última y más poderosa instancia de control de la administración pública.
2. La imposición de políticas de corto plazo
Corromperse no es sólo quedarse con el dinero público. Antes que eso, se trata de perseguir intereses puramente individuales en vez de cumplir con el rol que asigna la institución.
Cuando los hombres de estado sólo persiguen fines individuales, nunca toman medidas que no les den réditos económicos y políticos inmediatos. Por eso no ejecutan políticas de largo plazo, cuyos resultados gozarán generaciones futuras, no ellos.
3. El deterioro de la infraestructura nacional
Es evidente que la consecuencia de no tener políticas de largo plazo es la paulatina destrucción de los bienes y recursos del estado.
¿Por
qué invertir en el mantenimiento de las vías férreas si, por ahora, los
trenes funcionan? ¿Qué nos motiva a construir usinas eléctricas si, más
allá de algunos cortes de luz, la mayoría de las casas tiene energía?
¿Para qué perforar pozos petroleros si, por el momento, nos alcanzan las
divisas para importar combustibles?
Viviendo de lo inmediato, el estado corrupto y desregulado no
se va ocupar de la infraestructura nacional hasta que las consecuencias
de su deterioro no afecten directamente su supervivencia. Sólo
entonces actuará, pero mostrando su absoluta incapacidad, ya que
intentará resolver con una sumatoria de medidas espectaculares un problema que requiere una profunda planificación.
